El Gobierno nacional confirmó la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el año 2025, en el marco de una serie de reformas políticas impulsadas por el Ejecutivo. La medida, que había sido aprobada en el Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero, quedó oficialmente establecida con la publicación del decreto correspondiente en el Boletín Oficial.
Desde el oficialismo argumentan que la decisión responde a la necesidad de reducir costos y evitar la fragmentación de los partidos en un contexto de ajuste fiscal. Según sostienen, eliminar las PASO permitirá focalizar los recursos en las elecciones generales y agilizar el proceso electoral. Sin embargo, la oposición y distintos sectores políticos han expresado su rechazo, advirtiendo que esta medida favorece a los partidos con mayor estructura y limita la participación democrática, al impedir que los ciudadanos elijan internamente a sus candidatos.
El impacto de esta decisión ya comienza a sentirse en los distintos espacios políticos. Sin la instancia de las PASO, los partidos deberán definir sus candidaturas a través de acuerdos internos o elecciones partidarias previas, lo que podría generar tensiones y disputas internas. En algunos sectores de la oposición, incluso, se teme que la falta de una primaria abierta favorezca la fragmentación de las fuerzas opositoras, debilitando su capacidad de competir en los comicios generales.
Analistas políticos señalan que la eliminación de las PASO podría reconfigurar el escenario electoral de 2025, obligando a los partidos a redefinir sus estrategias de campaña. Además, se espera que la medida tenga un impacto directo en la participación ciudadana, ya que muchos votantes utilizan las primarias como una instancia para definir su preferencia electoral antes de las elecciones generales. En este sentido, algunos expertos advierten sobre la necesidad de fortalecer otros mecanismos que garanticen la representatividad de los candidatos y la transparencia del proceso.
Ante la controversia generada, distintos sectores de la sociedad civil han comenzado a movilizarse para exigir un mayor debate sobre las implicancias de esta reforma. Organizaciones políticas, académicos y referentes del ámbito judicial han expresado su preocupación por los efectos que la suspensión de las PASO podría tener en la calidad democrática del país. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su postura y asegura que la medida es un paso necesario para modernizar el sistema electoral y optimizar los recursos del Estado.